En los últimos días, el Departamento de Eficiencia del Gobierno - Department of Government Efficiency (DOGE) iniciado por Elon Musk ha desatado una tormenta de medios al atacar a dos agencias federales importantes de Estados Unidos: la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estas audaces acciones no solo han causado revuelo en la opinión pública, sino que también han suscitado preocupaciones sobre la seguridad de la información y el poder administrativo en un contexto político tumultuoso.
Invasión a la CFPB
El viernes, según un comunicado del sindicato de empleados de la CFPB (NTEU 335), tres "agentes" de DOGE, Christopher Young, Nikhil Rajpal y Gavin Kliger, aparecieron en la sede de la CFPB en Washington, D.C. Se dice que este es el siguiente paso después de la impactante serie de declaraciones de Elon Musk en la red social X (trước esto es Twitter). El 4 de febrero, Musk publicó "Vamos a eliminar la CFPB" y luego "CFPB RIP" con un icono de lápida, lo que indica su determinación de "limpiar" la agencia.
Antes de la aparición del equipo DOGE, el Ministro de Finanzas Scott Bessent, quien recientemente asumió el cargo de director interino de CFPB después de que el presidente Trump despidiera a Rohit Chopra, tomó medidas para detenerlo al terminar los canales de comunicación externos y suspender algunas actividades importantes de CFPB. Según un correo electrónico interno enviado por Adam Martinez, Director Ejecutivo de CFPB, los 'agentes' de DOGE han sido otorgados pleno acceso al sistema interno, como si fueran empleados oficiales de la agencia. 'Se presentaron como si hubieran estado aquí por mucho tiempo', compartió Martinez, lo que suscitó preocupaciones sobre la intrusión en los datos sensibles de CFPB.
USAID: La lucha sin cuartel
No solo se detiene en la CFPB, DOGE también apunta a USAID, la agencia responsable de los proyectos de desarrollo internacional de Estados Unidos. Según la información, los fondos para los proyectos de USAID han sido recortados abruptamente, lo que pone en peligro el empleo de la mayoría de los empleados de esta agencia. El plan original del gobierno era poner a 2.200 empleados en una lista de despidos administrativos antes de las 11:59 p.m. ET del viernes, y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya se han aplicado estas medidas a 500 empleados.
Organizaciones como la Asociación de Diplomáticos de Estados Unidos y la Federación de Empleados del Gobierno de Estados Unidos no han guardado silencio ante esta acción. Rápidamente presentaron una demanda, afirmando que la "destrucción" de USAID sin el permiso del Congreso es inconstitucional y viola la ley. En una audiencia en el tribunal federal de Washington D.C., el juez Carl Nichols - nombrado por Trump - suspendió temporalmente el plan de despido a gran escala, aunque la preocupación por el futuro de la agencia aún no ha sido disipada.
"Recortes estructurales" en todas las agencias federales
En tan solo una semana, el equipo de DOGE ha llevado a cabo una 'reestructuración' cancelando 199 contratos que consideraban 'desperdicio' en 35 agencias federales, ahorrando aproximadamente 250 millones de dólares. Algunas decisiones destacadas incluyen la cancelación del puesto de coordinador de cambio climático en Sri Lanka y la cancelación de los seminarios sobre 'comunicación intercultural y diálogo sobre la diversidad'.
Cabe destacar que el Ministerio de Educación tampoco se escapa de esta 'tormenta' cuando se cancelan tres subvenciones de formación en Diversidad, Equidad e Inclusión, valoradas en 15 millones de dólares. Uno de los programas afectados son los seminarios sobre 'Descolonizar el currículo' - un programa que DOGE considera innecesario en el contexto actual.
Preocupaciones sobre la seguridad de los datos
En el CFPB, la preocupación no se detiene solo en intervenir en las actividades administrativas. DOGE ha solicitado acceso a registros internos que contienen información sensible de empleados y contratistas, causando inquietud sobre la posibilidad de que se vean comprometidos los datos personales de los funcionarios, e incluso de sus familias. Aunque hasta el momento, DOGE no ha solicitado acceso a datos financieros seguros de las entidades supervisadas por el CFPB, esto sigue generando una advertencia seria.
La CFPB actualmente gestiona una gran cantidad de datos de bancos, asociaciones de crédito, empresas fintech, agencias de cobro de deudas y agencias de informes crediticios. Aunque parte de la información se ha anonimizado para la investigación, los datos, como los números de seguro social, la información de la cuenta bancaria y los secretos comerciales, siguen estando estrechamente protegidos.
Reacciones en redes sociales y política
Las acciones de DOGE se han extendido rápidamente en las redes sociales. Elon Musk compartió: 'Hemos puesto a USAID en la trituradora de madera durante todo el fin de semana', mientras que el ex presidente Trump también se pronunció en Truth Social con el mensaje: 'LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN UN NIVEL MUY RARO NUNCA VISTO. ¡CERREMOSLO DE NUEVO!' Estas declaraciones no solo expresan indignación, sino también muestran la ambición de cambiar de manera significativa la estructura y el funcionamiento de las agencias federales.
Conclusión
Este evento marca un punto de inflexión en la lucha por el poder y la 'reestructuración' de las agencias federales en los Estados Unidos. Mientras que DOGE afirma la reducción de programas y contratos 'desperdiciados' con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, estas medidas innovadoras plantean una serie de preguntas sobre la legalidad, la seguridad de los datos y el futuro de las agencias de gobierno.
Los audaces movimientos de Elon Musk y el equipo de DOGE han creado un escenario político candente, donde las acciones en redes sociales y las decisiones administrativas pueden alterar la estructura de poder en el gobierno federal. Mientras los tribunales y los sindicatos trabajan para proteger los derechos de los empleados y garantizar la legalidad de las decisiones, la opinión pública sigue de cerca la evolución de esta inédita 'reorganización'.
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Elon Musk y la campaña de "limpieza" de la agencia federal: CFPB y USAID bajo ataque
En los últimos días, el Departamento de Eficiencia del Gobierno - Department of Government Efficiency (DOGE) iniciado por Elon Musk ha desatado una tormenta de medios al atacar a dos agencias federales importantes de Estados Unidos: la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Estas audaces acciones no solo han causado revuelo en la opinión pública, sino que también han suscitado preocupaciones sobre la seguridad de la información y el poder administrativo en un contexto político tumultuoso. Invasión a la CFPB El viernes, según un comunicado del sindicato de empleados de la CFPB (NTEU 335), tres "agentes" de DOGE, Christopher Young, Nikhil Rajpal y Gavin Kliger, aparecieron en la sede de la CFPB en Washington, D.C. Se dice que este es el siguiente paso después de la impactante serie de declaraciones de Elon Musk en la red social X (trước esto es Twitter). El 4 de febrero, Musk publicó "Vamos a eliminar la CFPB" y luego "CFPB RIP" con un icono de lápida, lo que indica su determinación de "limpiar" la agencia. Antes de la aparición del equipo DOGE, el Ministro de Finanzas Scott Bessent, quien recientemente asumió el cargo de director interino de CFPB después de que el presidente Trump despidiera a Rohit Chopra, tomó medidas para detenerlo al terminar los canales de comunicación externos y suspender algunas actividades importantes de CFPB. Según un correo electrónico interno enviado por Adam Martinez, Director Ejecutivo de CFPB, los 'agentes' de DOGE han sido otorgados pleno acceso al sistema interno, como si fueran empleados oficiales de la agencia. 'Se presentaron como si hubieran estado aquí por mucho tiempo', compartió Martinez, lo que suscitó preocupaciones sobre la intrusión en los datos sensibles de CFPB. USAID: La lucha sin cuartel No solo se detiene en la CFPB, DOGE también apunta a USAID, la agencia responsable de los proyectos de desarrollo internacional de Estados Unidos. Según la información, los fondos para los proyectos de USAID han sido recortados abruptamente, lo que pone en peligro el empleo de la mayoría de los empleados de esta agencia. El plan original del gobierno era poner a 2.200 empleados en una lista de despidos administrativos antes de las 11:59 p.m. ET del viernes, y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya se han aplicado estas medidas a 500 empleados. Organizaciones como la Asociación de Diplomáticos de Estados Unidos y la Federación de Empleados del Gobierno de Estados Unidos no han guardado silencio ante esta acción. Rápidamente presentaron una demanda, afirmando que la "destrucción" de USAID sin el permiso del Congreso es inconstitucional y viola la ley. En una audiencia en el tribunal federal de Washington D.C., el juez Carl Nichols - nombrado por Trump - suspendió temporalmente el plan de despido a gran escala, aunque la preocupación por el futuro de la agencia aún no ha sido disipada. "Recortes estructurales" en todas las agencias federales En tan solo una semana, el equipo de DOGE ha llevado a cabo una 'reestructuración' cancelando 199 contratos que consideraban 'desperdicio' en 35 agencias federales, ahorrando aproximadamente 250 millones de dólares. Algunas decisiones destacadas incluyen la cancelación del puesto de coordinador de cambio climático en Sri Lanka y la cancelación de los seminarios sobre 'comunicación intercultural y diálogo sobre la diversidad'. Cabe destacar que el Ministerio de Educación tampoco se escapa de esta 'tormenta' cuando se cancelan tres subvenciones de formación en Diversidad, Equidad e Inclusión, valoradas en 15 millones de dólares. Uno de los programas afectados son los seminarios sobre 'Descolonizar el currículo' - un programa que DOGE considera innecesario en el contexto actual. Preocupaciones sobre la seguridad de los datos En el CFPB, la preocupación no se detiene solo en intervenir en las actividades administrativas. DOGE ha solicitado acceso a registros internos que contienen información sensible de empleados y contratistas, causando inquietud sobre la posibilidad de que se vean comprometidos los datos personales de los funcionarios, e incluso de sus familias. Aunque hasta el momento, DOGE no ha solicitado acceso a datos financieros seguros de las entidades supervisadas por el CFPB, esto sigue generando una advertencia seria. La CFPB actualmente gestiona una gran cantidad de datos de bancos, asociaciones de crédito, empresas fintech, agencias de cobro de deudas y agencias de informes crediticios. Aunque parte de la información se ha anonimizado para la investigación, los datos, como los números de seguro social, la información de la cuenta bancaria y los secretos comerciales, siguen estando estrechamente protegidos. Reacciones en redes sociales y política Las acciones de DOGE se han extendido rápidamente en las redes sociales. Elon Musk compartió: 'Hemos puesto a USAID en la trituradora de madera durante todo el fin de semana', mientras que el ex presidente Trump también se pronunció en Truth Social con el mensaje: 'LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN UN NIVEL MUY RARO NUNCA VISTO. ¡CERREMOSLO DE NUEVO!' Estas declaraciones no solo expresan indignación, sino también muestran la ambición de cambiar de manera significativa la estructura y el funcionamiento de las agencias federales. Conclusión Este evento marca un punto de inflexión en la lucha por el poder y la 'reestructuración' de las agencias federales en los Estados Unidos. Mientras que DOGE afirma la reducción de programas y contratos 'desperdiciados' con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, estas medidas innovadoras plantean una serie de preguntas sobre la legalidad, la seguridad de los datos y el futuro de las agencias de gobierno. Los audaces movimientos de Elon Musk y el equipo de DOGE han creado un escenario político candente, donde las acciones en redes sociales y las decisiones administrativas pueden alterar la estructura de poder en el gobierno federal. Mientras los tribunales y los sindicatos trabajan para proteger los derechos de los empleados y garantizar la legalidad de las decisiones, la opinión pública sigue de cerca la evolución de esta inédita 'reorganización'.